Padrón de telefonía móvil en #México: las grandes dudas que provoca el registro obligatorio que requiere tus datos #biométricos

El ambicioso objetivo de esta base de datos es recopilar la información -incluidos los datos biométricos- de los propietarios de las 126 millones de líneas de telefonía que existen en el país.

La finalidad del padrón, según el gobierno, es que esta información ayude a las autoridades para evitar la comisión de delitos como extorsiones telefónicas o secuestros."Se usan estas tarjetas que eran anónimas, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos", puso como ejemplo la semana pasada el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Entonces, nada más es tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad", defendió.

De hecho, un juez dio este martes el primer revés a la iniciativa al admitir el amparo interpuesto por un particular y conceder una suspensión provisional a la reforma para que este usuario no se vea afectado, al menos de momento, por los requisitos del padrón.

¿Qué datos se deberán proporcionar?

El nuevo padrón exige que cada titular de una tarjeta SIM facilite a su operadora telefónica su nombre, dirección, nacionalidad, número de documento de identidad con fotografía y la toma de datos biométricos, entre otros.

Estos últimos datos -los más polémicos- podrían ir desde la toma de huellas dactilares a la identificación de voz del cliente, su reconocimiento fácil o el escaneo de iris. Será el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) el que determine cuál o cuáles serán obligatorios, ya que la norma aún no lo especifica.

El IFT tendrá 180 días para concretar este punto y otras "disposiciones administrativas de carácter general" a las que se refiere el decreto. Transcurridos seis meses desde esa aclaración, todo nuevo usuario ya estará obligado a facilitar sus datos para el padrón.

En cuanto a los clientes que ya cuentan ahora con una línea telefónica o que la adquieran antes de ese momento, tendrán un plazo para facilitar sus datos de dos años a partir de la publicación del decreto. Es decir, hasta el 16 de abril de 2023.

• ¿Y qué pasará con aquellos que se nieguen a dar su información? La norma es clara y determina "la cancelación en forma inmediata" de las líneas de los clientes que no realicen el trámite dentro del plazo establecido "sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna".
• Además, quienes no registren sus líneas, lo hagan fuera de plazo, no actualicen su información debidamente, hagan uso indebido de los documentos para el registro, proporcionen información falsa o accedan sin autorización a la información del padrón se pueden enfrentar a multas de entre US$90 y US$67.845.

¿Qué críticas recibió el nuevo padrón?

"Obligar a quienes contraten una línea telefónica a registrar sus datos biométricos con el gobierno es una grave violación a su privacidad. La última vez que se creó un padrón así en México, los datos terminaron en venta en el mercado negro", tuiteó Human Rights Watch.

La organización se refiere al intento de crear un registro similar en 2009 por el gobierno de Felipe Calderón. Solo dos años después, la iniciativa fue desmantelada después de que parte de esa base de datos se filtrara y apareciera a la venta en internet.

Una filtración de los datos de ese patrón podría además revelar la identidad de personas que desean mantenerse en el anonimato al usar servicios online que, cada vez con mayor frecuencia, exigen al cliente un número de teléfono para registrarse.

Este podría ser el caso de un usuario de una aplicación de citas o el de una persona que informa desde una red social sin revelar su nombre real por miedo a poner su vida en peligro, por ejemplo.

Pero López Obrador aseguró que su gobierno "nunca va a llevar acabo acciones de espionaje contra nadie (...). No quieren dar información porque piensan que el Estado va a invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual. Decirles que tengan confianza".

¿Ayudará a reducir la delincuencia?

El director de R3D considera "absurdo" creer que el padrón combatirá al crimen o que permitirá identificar a quienes cometan llamadas de extorsión ya que "un delincuente nunca va a utilizar un teléfono registrado a su nombre y asociado a sus datos biométricos".

De hecho, García enumera un buen número de maneras para esquivar el padrón a la hora de cometer delitos: usar chips de teléfonos de países como Estados Unidos (donde no te piden datos para comprarlos), duplicar o clonar tarjetas SIM, utilizar teléfonos robados, usar plataformas de voz sobre IP como Skype que permiten ocultar el número del que llama...

El experto cree en cambio que hay otras técnicas que serían mucho más útiles que el padrón para las autoridades.

Una podría ser geolocalizar un teléfono en tiempo real o acceder al historial de llamadas con una autorización judicial. O cortar de raíz las señales telefónicas en las cárceles y evitar el ingreso de celulares para evitar las llamadas de extorsión desde su interior.

Algunas organizaciones y usuarios creen incluso que el nuevo padrón podría, más que proteger al usuario, ponerlo en mayor peligro.

También se ha cuestionado el hecho de que esto podría aumentar el robo de teléfonos y que la norma subraya que el registro de una línea en el padrón presume "su pertenencia a la persona que aparece como titular (...) salvo prueba en contrario", lo que podría responsabilizar de delitos a personas inocentes.

Pese a que la reforma a la ley ya está en vigor tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, ya se anunciaron numerosos recursos judiciales que podrían poner en peligro su implementación.

Tras aprobarse en el Senado con una ajustada diferencia (54 votos a favor y 49 en contra), varios partidos avanzaron que planean presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Un gran número de usuarios de telefonía móvil, por su parte, planteaban estos días en redes sociales presentar juicios de amparo contra el padrón. Organizaciones como R3D lanzarán una plataforma para facilitar dicho trámite y que la población pueda "impugnar de manera masiva".

ya que "no constituye una condición necesaria" ni "se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos", apuntó el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro.

La suspensión provisional solo beneficia al usuario que presentó el amparo y no tiene carácter general.

"Algunas personas no podrán porque no cumplen los requisitos como tener un documento de identidad. Otros no tendrán un lugar cercando donde registrarse por vivir en zonas rurales", alerta García.